AGILIZAR LA COORDINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PENALES Y CIVILES, CLAVE PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN QUE LA ADMISTRACIÓN DE JUSTICIA PRESTA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
La mejora de la protección que la Administración de Justicia brinda a las víctimas de violencia de género pasa por agilizar la actuación de los operadores jurídicos con el fin de evitar retrasos, solapamientos y espacios vacíos en la tramitación de los procedimientos. Así lo han apuntado los especialistas que han elaborado la ‘Guía de criterios de coordinación en el ámbito de los procesos penales y civiles en materia de violencia sobre la mujer’ durante la presentación del documento en el salón de actos del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).
Los miembros del grupo de trabajo han participado en una mesa de debate moderada por la directora del CEJ, Abigail Fernández González, donde han explicado los criterios y los pasos seguidos en la redacción de la guía y han compartido sus puntos de vista sobre los retos de la Administración de Justicia como servicio público en la atención a las víctimas de violencia contra la mujer. Durante su intervención, la directora del CEJ ha señalado que el manual surge de la “necesidad de que todo el aparato del Estado se coordine para evitar la lacra insostenible de la violencia de género”.
En el transcurso del debate, María José Costa Lamenca, una de las especialistas que ha trabajado en el documento, ha resaltado que la Justicia “tiene el reto de aportar confianza a las víctimas de violencia de género que se acercan a ella”. La también asesora de la Secretaría de Estado de Justicia y letrada de la Administración de Justicia ha indicado que a este objetivo puede contribuir la guía, que nace de una “mirada multidisciplinar” sobre la labor que la Administración de Justicia realiza como servicio público contra la violencia machista.
Por su parte, Ignacio Ramiro Albalate, asimismo integrante del grupo de trabajo y letrado de la Administración de Justicia destinado en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Barcelona, ha destacado el desafío de “concienciar” a los funcionarios involucrados en cada procedimiento para que presten un servicio más cercano a las víctimas de violencia de género. En ese sentido, ha alabado el “impacto positivo” del manual, que “redunda en la atención a la ciudadanía que busca Justicia”.
Carlos Pascual Alfaro, magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Barcelona, ha subrayado que el manual supone “una garantía para la tutela judicial efectiva”, al favorecer el intercambio de información entre los diferentes operadores jurídicos que intervienen en un procedimiento de violencia de género.
En la mesa de debate también ha intervenido Encarna Bodelón González, directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), de cuyo taller sobre buenas prácticas entre juzgados de violencia sobre la mujer y juzgados de familia para el ámbito de Cataluña surgió la idea de elaborar un contenido que fuera de aplicación en todo el territorio del Estado. La responsable del CEJFE ha detallado la labor del Observatorio Catalán de la Justicia en Violencia Machista, entidad dependiente del centro que dirige, y que persigue dar “una visión multidisciplinar” para mejorar la respuesta de la Administración de Justicia y de la ejecución penal ante el fenómeno de la violencia machista.
La ‘Guía de criterios de coordinación en el ámbito de los procesos penales y civiles en materia de violencia sobre la mujer’ fue presentada el pasado mes de noviembre a la ministra de Justicia, Pilar Llop Cuenca, con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La titular del ministerio de Justicia animó a continuar con este tipo de acciones para mejorar la atención de la Administración de Justicia a las víctimas de la violencia de género.
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