EL CEJ IMPARTE EL CURSO ‘PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN PENAL’ DENTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA CARRERA FISCAL

El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) ha impartido el curso ‘Prevención y resolución de conflictos de jurisdicción penal en la UE’ dentro de las acciones incluidas en el Plan de Formación Continua de la Carrera Fiscal. El seminario ha abordado la actual regulación europea en el ámbito de los conflictos de jurisdicción y de la concentración o transferencia de procesos penales. A este respecto, ha hecho hincapié en los vacíos legales con respecto a los derechos fundamentales y al derecho al proceso debido. 

Este curso, incluido en el catálogo de la Red Europea de Formación Judicial, a la que pertenece el CEJ, ha sido dirigido por el Fiscal de Sala de Cooperación Internacional, Francisco Jiménez-Villarejo. La actividad ha contado también con la participación de fiscales, jueces y otro personal de la Administración de Justicia de Portugal, Estonia, Grecia, Italia, Letonia y Rumanía.

Dentro de la carga formativa, se ha incluido una evaluación de los distintos criterios y normativas empleadas por los miembros de la UE para reconocer posibles conflictos de jurisdicción positivos. De igual modo, se han analizado los riesgos de infringir el principio ne bis in idem, así como la jurisprudencia a nivel nacional y europeo. Además, se ha abordado el procedimiento de lege lata de la UE y su aplicación en España.

Junto a estas cuestiones, se han estudiado las propuestas alternativas de normas futuras para prever y resolver conflictos de jurisdicción y se ha realizado un enfoque práctico de la remisión de los procesos penales. Para ello, se han sopesado las distintas opciones que prevé el derecho primario europeo y el Convenio del Consejo de Europa en el ámbito de la cooperación judicial penal. 

Las clases se han desarrollado en la sede de la Fiscalía General del Estado, y su inauguración fue presidida por su titular, Álvaro García Ortiz, quien en su intervención subrayó la importancia de la cooperación jurídica internacional. García Ortiz señaló que la colaboración entre países es imprescindible para investigar y perseguir varias de las variantes más serias y complejas del crimen organizado. En ese sentido, destacó el papel de la formación especializada para potenciar la lucha que la Fiscalía General del Estado lleva a cabo a este respecto.

Como ejemplo de conflicto de jurisdicción, García Ortiz se refirió al caso ‘Prestige’, del que fue fiscal. Así, recordó que el accidente de este petrolero frente a las costas gallegas en 2002 afectó a 2.000 kilómetros de costa española, francesa y portuguesa, y causó una de las mayores catástrofes medioambientales de la historia de la navegación.